Thursday, July 7, 2022

En colombia también hay violencia en los abusos de autoridad

Lea en segundos
  • Familiares de Ánderson Andrés Arboleda Montaño denuncian que el joven murió a causa de varios golpes recibidos en la cabeza por parte de un policía. Tres “bolillazos” desencadenaron la tragedia.
  • Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la noche en la puerta de su vivienda, en Puerto Tejada, Cauca.
  • El pasado 2 de junio la familia hizo la denuncia del caso. El joven tenía 19 años y estaba a dos meses de culminar su servicio militar.
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El pasado 21 de mayo murió Ánderson Andrés Arboleda Montaño, en la Clínica Valle del Lili de Cali, producto de la muerte que, aparentemente, le causó un policía al golpearlo en la cabeza con un bolillo el 19 de mayo de 2020.

Los familiares denuncian que los hechos ocurrieron en la puerta de su casa, en Puerto Tejada, Cauca.

Algunos testigos informaron que los uniformados reprendieron con severidad al joven de 19 años por no acatar el aislamiento obligatorio, ya que estaba fuera de su vivienda, en la que residía con la familia.

Cuando al interior de la casa se percataron de lo que estaba ocurriendo, salieron en su defensa y posteriormente se dirigieron a la estación de policía para presentar el reclamo. 

El estado de salud  de Ánderson Arboleda empezó a deteriorarse el 20 de mayo.

Cuando sus familiares lo llevaron al Hospital del Norte, de Popayán, el joven ya tenía muerte cerebral. Fue remitido a Cali a un centro especializado donde murió al siguiente día.

La familia del joven hizo la denuncia a las autoridades el pasado 2 de junio y un fiscal seccional de Cali abrió una investigación preliminar.

El caso revive la discusión sobre posibles abusos policiales hacia personas afrocolombianas o en situación de vulnerabilidad.

En un comunicado, la Policía del Cauca informó: “El Comando del Departamento de Policía Cauca solicitó al jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno y al Juez 183 de Instrucción Penal Militar que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones correspondientes”.

Por consiguiente, la autoridad disciplinaria aperturó la indagación preliminar P-DECAU-2020-52 y la Justicia Penal Militar hizo lo propio, bajo radicado 3124-2020”.

La familia de Ánderson Andrés Arboleda Montaño pide justicia en el caso del joven para que su muerte no quede en la impunidad. 

Estos hechos ocurren en un contexto de descontento generalizado por el abuso de autoridad que muestran algunos agentes policiales alrededor del mundo.

En varios países se han presentado protestas por el caso de George Floyd.

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En Cali también han ocurrido estos hechos en diferentes oportunidades

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El caso Dilan Cruz

En el contexto de las marchas del 21N en Colombia, se dio uno de los casos más polémicos y mediáticos en la historia reciente del país.

El jóven Dilan Cruz, de 18 años, murió el 25 de noviembre de 2019 a manos del Capitán del ESMAD Manuel Cubillos Rodríguez, quien le disparó en la cabeza con una escopeta calibre 12.

En una sentencia del  14 de enero de 2020, la Procuraduría General de la Nación ordenó al ESMAD no volver a usar este tipo de escopeta.

El joven se encontraba marchando pacíficamente, y se convirtió en un símbolo de resistencia. 

La investigación de este caso está en manos de la Justicia Penal Militar, lo que preocupa a los familiares de Dilan, ya que esto ha servido en ocasiones anteriores para perpetuar la impunidad.

Parientes de otras víctimas de la policía también desconfían de la Justicia Penal Militar, ya que dudan que les puedan asegurar el debido proceso o un veredicto imparcial. 

En el caso de Dilan, su familia ha interpuesto una tutela debido a su desconfianza y temor de que los responsables no asuman la responsabilidad de sus actos.

Así, la Judicatura evaluará nuevamente las pruebas para determinar quién debe seguir con el caso, si la Fiscalía o la Justicia Penal Militar.

El 3 de marzo de 2020, el Ministerio de Defensa de Colombia indicó que la Policía Nacional había iniciado 44 investigaciones disciplinarias en relación con las protestas de finales de 2019, incluidas 27 por “abuso de autoridad”, 6 por “agresión física”, 2 por “privación ilegal de la libertad” y 2 por “homicidio”.

Según Human Rigth Watch, de los 44 casos, seis habían sido cerrados y ocho remitidos a la Procuraduría General de la Nación.

Al 13 de febrero, el órgano de control estaba adelantando cuatro investigaciones disciplinarias, pero no habían imputados.

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