Wednesday, July 6, 2022

Uribe solicitó a la Corte Suprema de Justicia que todo su expediente sea público

La defensa del expresidente aseguró que el proceso se ha filtrado haciendo énfasis en las pruebas en su contra y no en las que tiene a favor.

El abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien está siendo procesado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, informo que el senador solicitó a la Corte Suprema de Justicia que todo su expediente sea público.

El litigante se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un comunicado oficial que explica las razones por las cuales Uribe tomó esta decisión.

“En el proceso contra Álvaro Uribe la realidad es que, por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor”, citó.

De acuerdo con el profesional en derecho, la reserva sumarial existe en la legislación colombiana, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia, contemplado en la Constitución, que, a su criterio, no se ha cumplido en este caso.

“Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por medio mío de la manera más respetuosa y acomedida que se levante la reserva sumarial de todo el proceso en su contra,  con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder”, aseguró.

Y agrego: “Esa solicitud a la Sala Especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se hace con la única intención de aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su con dotación política se ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica”.

Finalmente, Granados explicó que si bien la reserva sumarial está establecida en la ley y la Constitución, avalaría su inaplicación cuando se generan violaciones a los derechos fundamentales, lo cual se compagina con los estándares de información pública establecidos a nivel interamericano por las propias corporaciones de justicia.

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